¿Desobedientes? ¡Todos!

San Salvador – Es costumbre del Estado incumplir sus obligaciones internacionales; al menos desde el enfrentamiento con Honduras hasta hoy, cuando se debate el resultado de un litigio comercial internacional.

Unos y otros luchan como siempre: hace años terminaron los combates armados y ahora siguen en guerra política, económica y mediática. Son los mismos que, frente a un fallo de la Corte Centroamericana de Justicia, tenían opiniones y posiciones distintas.

Que entregaron el patrimonio nacional, afirman unos; otros que arriesgan la inversión por la inseguridad jurídica, si no cumplen el fallo. Ambos se están jugando algo vital para sus intereses: el uso y abuso de los recursos del país. Por eso se alocan por ganar la Presidencia, entre caras e inconstitucionales campañas; también por controlar instituciones que deberían controlar a los poderes. Por eso los debates que las mayorías populares no entienden ni atienden, pues su prioridad es sobrevivir.

Patrimonio nacional e inseguridad jurídica deben verse y valorarse desde el mal común prevaleciente en el país tras la guerra y la alternancia, para colocar de verdad a la persona humana como origen y fin de la actividad estatal. Eso dice la Constitución, que es más que un bulevar capitalino. Ese mal común está basado en la impunidad, generadora de los problemas más graves en el país. Hablemos, pues, de incumplir obligaciones internacionales por parte del Estado en esta materia.

Así, vale la pena recordar la llamada “guerra del fútbol”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó a los dos Gobiernos reparar a las víctimas, prevenir violaciones futuras de derechos humanos, investigar los casos denunciados y determinar responsabilidades. Ambos regímenes desobedecieron. En 1978 le planteó al Estado salvadoreño investigar ejecuciones, detenciones, torturas y desapariciones, además de procesar y sancionar sus responsables. ¿Qué pasó? ¡Nada! Por esa y otras razones, aumentaron las violaciones y se vino la guerra. Tras la tempestad, quisieron traer la calma amnistiando criminales. De 1994 a la fecha, la CIDH ha pedido derogar la veinteañera Ley de Amnistía sin logarlo.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó cuatro veces a El Salvador en los casos Serrano, García Prieto, Contreras y El Mozote, cuya sentencia se acaba de publicar y habrá que esperar si se cumple. Las otras han sido incumplidas por Antonio Saca y Mauricio Funes, jefes de Estado que intentaron “salvarse” ofreciendo ridículas explicaciones. El resultado es igual: despreciar fallos de cumplimento obligatorio y dañar más a las víctimas.

Entonces, el principal patrimonio nacional irrespetado en este país son las víctimas sobrevivientes de antes, durante y después de la guerra que reclaman verdad, justicia y reparación integral. Y la impunidad histórica reinante, es lo que más atenta contra la seguridad jurídica.

Se escandalizan con el resultado del arbitraje comercial, pero no obedecen fallos relacionados directamente con la persona humana y sus derechos violados y negados. El Salvador no cambiará de fondo, mientras arriba y afuera sigan existiendo castas privilegiadas intocables. El mal común continuará si siguen protegiendo violadores de derechos humanos, corruptos y traficantes.

Nuevas fortunas vendrán a disputar con las viejas el botín llamado patria; pero no vendrá, para las mayorías populares, la fortuna de vivir libres del mal común. A menos que la gente recuerde que hace años su lucha organizada hizo avanzar a El Salvador, porque creyó en sí misma y se decidió a dar la verdadera batalla por cambiar la realidad.

*  Publicado en ContraPunto, 11 de febrero.

Autor