Así como él le ha pedido al mundo que se base en hechos concretos para abordar el tema de las drogas, podemos pedirle a él que haga lo mismo. Por ejemplo, podría seguir el ejemplo de casi toda América del Sur y despenalizar el consumo de marihuana. ¿Qué se lograría con esto? Evitar que la Policía meta presos a los jóvenes que no pueden pagar mordidas, el 15 por ciento de los inquilinos de las sobrepobladas cárceles.
Podríamos como país también gestionar una amnistía única para las mujeres presas por el delito de “mulas”, que transportan droga en su cuerpo, que son el eslabón más bajo en la cadena de narcotráfico, como se hizo en Ecuador. Guatemala así mostraría que para cuestiones fuertes, de regulación de toda la industria de las drogas, va por la ruta multilateral (que es la correcta) y para cuestiones menores, tomamos medidas sensatas a lo interno.
Es bueno que el Gobierno ponga tan alta la vara en el exterior para temas profundos, pero también debería ponérsela alta para el interior.
PS. En febrero, un juez que se llama Carlos Aguilar, aquel que presidió el opaquísimo Colegio de Abogados que vociferaba en contra de la CICIG, sacó a la CICIG del caso Rosenberg-Valdés, con argumentos insostenibles, pues los hermanos Valdés están acusados de participar en el asesinato y la CICIG tuvo la misión de investigar el caso para descubrir qué estructuras ilegales estaban detrás del asunto que estuvo cerca de causar un golpe de Estado. Es preocupante que el Organismo Judicial no se dé cuenta que el juez obviamente es anti CICIG y no imparcial. Ojalá que le corrijan la plana, porque la sala de apelaciones no lo hizo y parece que hay una estrategia de jueces corruptos para sacar a la CICIG del partido.
PS2. Es increíble cómo la jueza Carol Flores, la misma que dejó libre a Giammattei y que quería traer el caso Pavón para juzgarlo aquí y liberar a los acusados, también sea la que deja libre a Gloria Torres y a su hija a pesar de que estuvieron prófugas cinco meses. Así no hay Ministerio Público que pueda llevar a la cárcel a los corruptos. Los dedos deberían apuntar, como lo debería hacer la CICIG, a fiscalizar al Organismo Judicial, que –como en buena parte de su historia en nuestro país– está conformado por una buena cantidad de jueces que lo convierte en el mayor procurador de impunidad.
elPeriódico 17 de abril
