En el año 2000, Guatemala contaba con 11.2 millones de habitantes. El 51.1 % eran mujeres, el 53.9 % de la población vivía en el área rural y la población no indígena prevalecía: el 59 %.
En el ámbito económico, el país venía experimentando un proceso de desaceleración con una tasa de crecimiento de 2.5 %. Por el lado del gasto, el consumo público y privado representaba el 93.5 % del PIB, la inversión el 18.3 % y las exportaciones netas un -13.1 %. El análisis del PIB por el lado del ingreso —mecanismo que permite ver si el producto interno bruto se distribuye de manera equitativa o desigual— mostraba una mayor participación del rubro de explotación bruta del capital respecto de la remuneración de los asalariados.
El 15.7 % y el 56.0 % de la población se encontraban en situación de pobreza extrema y general, y uno de cada dos niños menores de cinco años padecía de desnutrición crónica. Ochenta y cinco de cada cien niños estaban inscritos en primaria, y de ellos solamente 50 culminaban ese nivel. La tasa de alfabetización era de 81.7 %, y 59 de cada mil niños morían antes de los cinco años, mientras que 45 de cada mil nacidos vivos morían antes del primer año. La mortalidad materna era de 153 por cada cien mil nacidos vivos. El panorama resultaba más deprimente para las mujeres, los indígenas y el área rural, categorías en las que se observaban las mayores brechas.
Actualmente, el país observa un panorama variado en el aseguramiento del derecho al desarrollo. Ha habido un buen desempeño respecto de la reducción de la mortalidad de la niñez y de la desnutrición global, la alfabetización de adultos y la paridad en la educación en los niveles diversificado y universitario.
La pobreza extrema, sin embargo, presenta un descenso modesto, al igual que la desnutrición crónica, la paridad educativa en los niveles iniciales (primario y básico) y la mortalidad materna. Comportamiento similar presenta el acceso a la salud reproductiva, la atención del parto por personal especializado y el acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua potable y saneamiento ambiental.
Un incremento constante en el precio de los alimentos determinó el avance en varios de los objetivos, sobre todo en los vinculados con la pobreza y la salud.
Otras áreas presentan un estancamiento. Resaltan la pobreza general, la productividad laboral, el aseguramiento de la cobertura universal en el nivel primario y el acceso al empleo y al Parlamento por parte de las mujeres.
Los indicadores de niños vacunados contra el sarampión, la proporción de la población con infección de VIH que tiene acceso a antirretrovirales y la proporción de niños menores de cinco años que duermen con mosquiteros también presentan estancamiento, igual que la proporción de la superficie cubierta por bosques, la cantidad de áreas terrestres y marinas protegidas y la proporción de la población urbana que vive en tugurios.
En este comportamiento fue determinante la convergencia de diversos eventos económicos, sociales y ambientales. Las crisis económicas observadas a lo largo del tiempo de vigencia de la agenda propiciaron el deterioro del mercado laboral y agudizaron la informalidad y el subempleo o los salarios precarios. Un incremento constante en el precio de los alimentos determinó el avance en varios de los objetivos, sobre todo en los vinculados con la pobreza y la salud. El efecto de los eventos naturales profundizó la vulnerabilidad de los medios de vida de la población.
La nueva agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible deberá retomar estos pendientes y cerrar las brechas de inequidad. El Plan Nacional de Desarrollo se constituirá en la plataforma institucional a partir de la cual el Estado guatemalteco rendirá cuentas de los avances en materia de desarrollo.