Esta estimación no incluye la inversión pública adicional en infraestructura de salud (1% del PIB anual), agua y saneamiento (0.5% del PIB anual) y educación (0.5% del PIB anual). Entonces, para erradicar la desnutrición infantil, la mortalidad materno-infantil y la deserción escolar, en los próximos seis u ocho años debemos elevar gradualmente el gasto público de cada año en alrededor de 5% del PIB.
Esta estimación no incluye la inversión pública adicional en infraestructura de salud (1% del PIB anual), agua y saneamiento (0.5% del PIB anual) y educación (0.5% del PIB anual). Entonces, para erradicar la desnutrición infantil, la mortalidad materno-infantil y la deserción escolar, en los próximos seis u ocho años debemos elevar gradualmente el gasto público de cada año en alrededor de 5% del PIB.
¿Y la inversión en carreteras? O, aún más angustioso, ¿y la seguridad ciudadana? El gasto público adicional para seguridad e inversión en infraestructura ronda el 2% del PIB anual. Es decir, la agenda mínima que atienda educación, salud, seguridad e infraestructura exige gasto público adicional de 7% del PIB cada año, durante los próximos dos períodos presidenciales.
Esto no es poco dinero. El presupuesto vigente de 2011 asciende a 15.6% del PIB (Q56 millardos). Hoy el gasto público adicional por 3% del PIB equivaldría a elevar el presupuesto Q10.5 millardos, lo mínimo solo para enfrentar desnutrición infantil, mortalidad materno-infantil y deserción escolar. Si el incremento fuera de 5% del PIB para incluir infraestructura en salud, educación, agua y saneamiento, equivaldría a elevar el presupuesto en Q18 millardos. Si a esto se agrega la inversión pública en infraestructura vial y el combate de la violencia, el gasto público adicional de 7% del PIB equivaldría a elevar el techo presupuestario en Q25 millardos.
Estos números, además de producir asombro y angustia, nos obligan a preguntarnos: ¿tenemos semejantes cantidades de dinero? Además, y quizá más importante, nos permite comprender que no podremos cubrir esas brechas solamente reasignando y ordenando el presupuesto o eliminando gastos superfluos.
Enfrentémoslo, nos guste o no: la agenda mínima para atender nuestros problemas más graves sí requiere recursos adicionales. Las brechas que tenemos no son una cuestión solo de eficiencia del gasto público (relación costo/beneficio).
Y es que en conjunto Guatemala no es un país pobre (se nos considera un país de renta media). Lo que somos es un país brutalmente desigual. Simultáneamente a nuestros problemas más graves, y a que uno de cada dos de nosotros está en condiciones de pobreza (uno de cada siete en pobreza extrema), ostentamos vergonzosos indicadores de opulencia.
En el mundo somos la quinta economía exportadora de café y azúcar (sectores que están gozando ganancias extraordinarias por precios internacionales estratosféricos), pero ocupamos el quinto lugar en población infantil desnutrida. Cuando en 2009 se reportó la muerte de niños desnutridos, la Feria Alimentaria de Guatemala de ese año obtuvo el récord Guiness por la opulencia del buffet ofrecido. Tenemos la concentración per cápita más alta de aeronaves privadas en Centroamérica, pero somos el país con más muertes por complicaciones de embarazo no resueltas por falta de transporte. Más de la mitad de los guatemaltecos gana menos de Q16 diarios, pero el 0.003% posee casi el 50% de todos los depósitos bancarios.
Es por estos contrastes tan profundos que se insiste tanto en la reforma fiscal integral. Es decir, mejorar la calidad, alcance y efectividad del gasto público, recuperar la confianza de la ciudadanía con más transparencia y combate a la corrupción, y asumir la responsabilidad de procurar fuentes de financiamiento para el gasto que sean suficientes, justas, sostenibles en el tiempo y que no desequilibren la economía.
Los datos nos muestran de manera cruda y contundente que nuestra situación no permite la irresponsabilidad de no discutir la reforma fiscal en este año electoral. Es urgente que las fuerzas políticas participantes en la contienda electoral conozcan y discutan el tema.
¿Hasta cuándo nos dará vergüenza nuestra dejadez para asumir con responsabilidad la reforma fiscal que nos haga superar nuestros problemas más graves?