Con respecto al último quinquenio, las causas directas y las fuerzas impulsoras siguen operando sin variación, quizá con más potencia, porque la deforestación bruta anual pasó de 100,000 a 132,000 hectáreas en estos últimos cinco años. Por eso sigue vigente el análisis que presenté en este mismo espacio hace unos meses bajo el título deforestación incontenible.
Aprovecho la ocasión entonces para enumerar, junto a la deforestación, nuestra desafortunada lista de problemas ambientales, todos creciendo sinérgicamente entre sí y también con la economía, hechos que justifican las múltiples demandas por una mayor eficiencia en la producción y en la gestión de los residuos y emisiones derivadas de esta y explorar la aplicación del principio que reza que “quien contamina y usa, paga”. Los problemas ambientales y aquellos que han alcanzado la dimensión de crisis tienen su origen en las relaciones establecidas entre el subsistema natural y los subsistemas económico y social. Los problemas se exacerban en la medida que las instituciones no existen, existen pero de manera insuficiente o enarbolando incentivos perversos.
Una primera categoría de problemas y crisis surge de las actividades extractivas que tienen lugar en el subsistema natural a partir de la demanda de la economía y de los hogares (flujos del ambiente para satisfacer las necesidades de producción y consumo). El problema surge cuando estas demandas van más allá de las capacidades de auto recuperación de los componentes naturales. El resultado es el agotamiento y el deterioro sostenido de los bienes y servicios naturales. Esta categoría de problemas aplica tanto a espacios naturales sujetos a protección especial (todas las categorías de áreas protegidas y regímenes afines) como aquellos espacios de uso más común. En el primer caso, es decir el de las áreas protegidas; se refleja la gravedad de los problemas y las crisis, ya que estos mecanismos están diseñados precisamente para asegurar un reservorio de bienes y servicios naturales susceptibles de garantizar la calidad de ciertos procesos ambientales clave para la estabilidad del sistema y la sobrevivencia (por ejemplo, el ciclo del agua, los ciclos de los nutrientes, el ciclo de la energía y las dinámicas de las comunidades silvestres).
Una segunda categoría de problemas y crisis surgen de la imposibilidad de manejar los residuos y emisiones derivadas también de las actividades de la economía y de los hogares (flujos de la economía y hogares al ambiente). Los residuos (sólidos y líquidos) son depositados directamente al suelo y al agua y las emisiones son lanzadas a la atmósfera. En el primer caso, los volúmenes rebasan la capacidad de tratamiento y su presencia produce efectos contaminantes. En el segundo caso, las emisiones lanzadas a la atmosfera son incrementales, se explican por el uso de combustibles fósiles y por la quema de biomasa, principalmente.
En este contexto, los principales problemas y crisis ambientales de Guatemala se pueden resumir de la siguiente manera:
(i) Una sostenida pérdida de cobertura forestal que para el quinquenio 2006-2010, alcanzó un cifra récord de poco más de 132,000 hectáreas anuales de pérdida bruta. Esta cifra equivale a una tasa anual de pérdida de 3.47%, una de las más altas de América Latina. Los bienes forestales eliminados son equivalentes, al menos, a un volumen de madera que alcanza los 32.5 millones de metros cúbicos. Una alta proporción de estos no tiene beneficios porque son quemados o abandonados en los sitios de tala. Otro porcentaje se comercializa totalmente fuera del control de las autoridades, hecho que socava las posibilidades para establecer esquemas de gestión legal y sostenible;
(ii) Una alta proporción de los bosques perdidos se ubica dentro de áreas legalmente protegidas (por lo menos 37% de la deforestación bruta nacional). Unido a estos eventos de deterioro, también ocupan un lugar relevante la usurpación de grandes extensiones de tierra ligada a la narcoactividad y la ocupación derivada de procesos de migración interna de comunidades rurales;
(iii) Un enfoque dominantemente extractivo de los bienes hídricos (no hay inversiones para almacenamiento y distribución y menos para garantizar recarga hídrica en las cuencas) cuyo consumo promedio anual total es de 32 millones de metros cúbicos de agua. Los esfuerzos de gestión, al centrarse en el consumo humano, se relacionan solo con el 2.5% del total de agua que se utiliza a nivel nacional. La contaminación del agua es generalizada y explicada, entre otros aspectos, por una baja tasa de alcantarillado (8% a 23% en área rural y 68% a 83% en área urbana, según varias fuentes) y al vertido, en los cuerpos de agua y el suelo, de poco más de 1,500 millones de metros cúbicos de aguas residuales sin tratamiento, provenientes de actividades agropecuarias e industriales y de los hogares;
(iv) La carencia de programas nacionales de conservación de suelos en actividades agrícolas y la intensidad con la cual se utilizan, ha conducido a la sobreutilización de al menos, un 15% del territorio nacional, con la consecuente erosión de al menos 148 millones de toneladas anuales de suelo, hasta que el material original queda expuesto;
(v) Una disminución sistemática de las poblaciones silvestres de las zonas marino costeras debido a la falta de observancia del principio de reposición y del principio precautorio;
(vi) La extracción promedio de casi 40 millones de toneladas anuales de recursos del subsuelo (hidrocarburos, minerales metálicos y no metálicos) bajo modalidades que se convierten en incentivos perversos que favorecen la degradación ambiental, la conflictividad social y el debilitamiento sistemático de los mecanismos de conservación natural y de las instituciones encargadas de su implementación;
(vii) Unos niveles de generación de desechos sólidos que ya alcanzan un promedio anual en la última década de 116.5 millones de toneladas y que son lanzados al suelo y al agua en su mayoría (solo 1.3% corresponde a los hogares);
(viii) La emisión promedio anual en la última década de 48.3 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono (casi el 60% de estas son atribuibles a los hogares, tanto por la combustión de leña como por la intensidad de uso de combustibles fósiles en el transporte, le siguen las actividades de generación, captación y distribución de energía eléctrica) al tiempo que disminuye nuestra capacidad de fijación, lo que nos convierte en un país emisor neto de gases con efecto invernadero.
La concurrencia de estos problemas en el territorio, unida a la debilidad o la ausencia institucional, genera escenarios verdaderamente caóticos. Cuando estos escenarios tienen lugar en los espacios donde se asientan las poblaciones más pobres del país, el círculo perverso de deterioro y pobreza se acentúa. Estos hechos son los que explican nuestros altos niveles de vulnerabilidad sistémica.
