A continuación…

A simple vista, los trece puntos que separan a los finalistas no constituyen una distancia tan grande.

Aunque la diferencia, de acuerdo a experiencias recientes, parece lo suficientemente amplia para garantizar la victoria del Partido Patriota. Hay incertidumbre, y tal vez morbo, en un ambiente político que durante la última semana ha discutido largamente sobre la validez de las encuestas.

Mientras la discusión se centra en los posibles errores de diseño que llevaron a asegurar que existía casi el 50% de intención de voto por Pérez Molina –e inclusive un triunfo en primera vuelta–, poco se habla de la cercanía entre las encuestas con los resultados finales de un Baldizón aún exultante. Si las cifras se comparan a partir de la salida de Sandra Torres, una interpretación superficial nos llevaría a afirmar que estamos frente a un candidato en pleno crecimiento, mientras el Partido Patriota parecería necesitar un “segundo aire”.

El mea culpa de las encuestadoras no parece suficiente para que el público y los políticos vuelvan a  confiar ciegamente en las futuras capturas de información. Palabras más, palabras menos, estaremos navegando a tientas hasta después del 6 de noviembre.

Sin embargo, ahora que la campaña vuelve a empezar, el panorama, más allá de las encuestas y las alianzas entre nuevos y viejos amigos, nos da ya una idea bastante aproximada de cómo Guatemala estaría encarando los siguientes dos meses, e inclusive el primer año de la siguiente administración.

Haciendo abstracción de quién sea el ganador de la segunda vuelta, nada hace suponer que estaremos frente un vencedor fortalecido, capaz de aprovechar su victoria para generar un amplio apoyo popular para impulsar una agenda de renovación acorde a las promesas electorales.

Las múltiples impugnaciones antes, durante y después de la primera vuelta, han convertido a este proceso electoral en una constante batalla legal, que ha producido más desgaste del esperado por la clase política. Esta batalla es la prolongación de la gestión del actual Congreso, caracterizada por los constantes bloqueos y choques entre bancadas, que estancaron la agenda legislativa.

Este ambiente de confrontación y polarización es poco propicio para la generación de consensos, especialmente cuando se carece de una mayoría en el legislativo.

El futuro presidente habrá de lidiar con la realidad de dos bloques mayoritarios en el Congreso, que requerirá de alianzas y negociaciones con las bancadas más pequeñas, que en este caso tendrán peso y poder de decisión. Todo esto sin olvidar que el ahora partido oficial, tiene la segunda bancada más numerosa y parecería estar ansioso por pasar a ejercer el rol de oposición, bajo la dirección de una Sandra Torres fortalecida por los resultados electorales.

Al nivel municipal se repite la conformación del Congreso. Dos bloques grandes, y varios pequeños. Los múltiples conflictos a la hora de abrir las urnas y contar los votos auguran una aceleración de la conflictividad local, que obligará al nuevo gobierno a asumir el reto de gestionarla de manera prioritaria.

La historia reciente nos enseña que detrás de cada quema de una alcaldía existen temas subyacentes, que van desde rencillas familiares, a la seguridad jurídica de la tierra, y las heridas nunca curadas del conflicto armado interno.

Esta conflictividad no debería ser exacerbada durante la segunda vuelta. Sin embargo, este postulado resultará inútil a la hora que los alcaldes electos comiencen a mostrar apoyo para sus candidatos, a los cuales ya se defendió en algunos lugares de altiplano con puños, machetes y pintura.

Finalmente, más vale que todos nos aclaremos ahora: el 14 de enero de 2012 a las 14:00, comenzará la carrera presidencial de 2016.

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