Conflictividad, deterioro… ¿capacidad de respuesta?

Ayer, Prensa Libre publicó en su sitio web, una breve nota sobre una reunión sostenida por el CACIF con el presidente Pérez Molina. La asociación del sector privado le habría expresado al mandatario su preocupación por lo que considera son actos de ingobernabilidad, especialmente con relación a los sucesos en Tajumulco, San Marcos.

El medio escrito recoge las declaraciones de José Santiago Molina, vicepresidente del CACIF, quien afirmó que “el gobierno anterior no logró atender los problemas, y aquí se está dando lo mismo. Entonces, venimos a manifestar esta preocupación. Es complicadísimo, porque no se respeta el Estado de Derecho”.

Tiene razón el vicepresidente del CACIF al decir que la situación es complicada. De hecho, si otros sectores hubieran tenido la oportunidad de reunirse con el Presidente,  tal vez le habrían expresado la misma inquietud sobre la gobernabilidad.  Y es que la crisis de rehenes de Tajumulco, que molesta al sector privado, es la manifestación de una escalada de la conflictividad social, que encontró su punto álgido en lo sucedido en la cumbre de Alaska, y que venía haciéndose evidente desde lo sucedido en Barillas.

La situación recuerda en cierta forma a la proliferación de linchamientos en el primer año del gobierno de Alfonso Portillo. En abril de 2000, el linchamiento del piloto guatemalteco y el turista japonés en Todos Santos Cuchumatán desató una serie de hechos violentos del mismo tipo en el altiplano, sin que la institucionalidad pudiera dar una respuesta adecuada para evitarlos, o que el sistema de justicia pudiera ejercer su papel oportunamente. En la memoria de un observador de la historia reciente, queda el diálogo del presidente Portillo con los comunitarios de Chichicastenango,  que en julio de 2000, le advirtieron al mandatario que no permitirían capturas por el linchamiento de Xalbaquiej.

Algo parecido le sucedió al gobierno de Berger, con los desalojos en las Verapaces de 2004, que resultaron en una crisis humanitaria.

En estos casos, hablamos de una institucionalidad que no había cumplido un año en sus funciones, y que por momentos daba la sensación de estar desbordada por los acontecimientos, al no poseer la capacidad de responder a dos o más frentes simultáneamente.  La solución adoptada por la administración Portillo fue la creación de una unidad especial para el tratamiento de la conflictividad,  la  Unidad Presidencial de Resolución de Conflictos (UPRECO), que cumplió un papel de apagafuegos, acudiendo a cada incendio con la celeridad posible.  De la UPRECO al Sistema Nacional de Diálogo Permanente han pasado seguramente más de cien conflictos, pero el rol que cumple esta institución, sigue siendo el mismo.

Las misiones de funcionarios de alto nivel, que esta administración ha despachado en las últimas semanas a Totonicapán, para entablar nuevas  negociaciones, y que han regresado con una muy educada negativa a sus esfuerzos, dan la pauta de lo que podría venir a continuación: un diálogo en ambiente de congeladora, que requerirá que el Gobierno de señales de confianza y voluntad política a los actores sociales. Este extremo parece improbable para una administración empeñada en la política al nivel metropolitano.

Lo cierto es que la administración Pérez Molina ha conseguido hacer coincidir al CACIF y a los 48 Cantones, en su oposición pública a las reformas constitucionales. Sin que esto signifique una posición unificada de actores sociales en principio opuestos, no deja de llamar la atención que la gestión de una administración sea capaz de unificar a sus opositores.

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