Dicha declaración debería de anteceder a una discusión a profundidad para discutir el diseño institucional de la administración pública guatemalteca. Es bueno debatir sobre los aciertos y desaciertos del Consejo de Cohesión Social, ciertamente, pero el punto medular es que dicha estructura tuvo como objetivo subsanar la ausencia de una política pública de carácter social, dirigida a los sectores de población en Guatemala que viven en condiciones de riesgo y pobreza extrema.
El Consejo, por tanto, surgió como mecanismo institucional que pretendía solucionar un problema de fondo de la administración pública: el problema de la incapacidad de la administración pública de obtener los resultados esperados, ya que está plagada de carencias institucionales que le merman capacidad de ejecutar acciones y de coordinar efectivamente a las diversas instituciones sectoriales en la ejecución de políticas públicas, coherentes con las necesidades de la población guatemalteca.
Por ejemplo, el diseño sectorial de los ministerios no corresponde a las nuevas necesidades y enfoques de la administración pública ni de la cambiante realidad nacional e internacional, por lo que frecuentemente, ante la ausencia de instituciones que se enfoquen en las nuevas problemáticas, se piensan en “soluciones temporales” que solamente vuelven más compleja e ineficiente a la administración pública.
Por ello, mientras no se discuta una reforma del Estado de Guatemala en su conjunto que fortalezca la institucionalidad pública, cada gobierno tendrá la fuerte tentación de crear sus propias “criaturas institucionales”, que al final se unirán a la larga lista de instituciones que tienen un mandato, pero ni rango institucional, recursos adecuados o una efectiva coordinación interinstitucional que eviten la duplicidad de funciones, el despilfarro de recursos y la ineficiencia e ineficacia del sector público.