En 1524, por medio de la ley del invasor y de la violencia que caracterizaba a este, al amparo de la lógica de la corrupción y de la justificación cristiana, nuestros ancestros fueron despojados de sus tierras.
Y con el tiempo se fue consolidando la base fundamental del sistema: la propiedad privada sacralizada constitucionalmente y defendida a capa y espada por los usurpadores hasta nuestros tiempos. La población despojada fue confinada en milpas, en encomiendas, en pueblos de indios y, modernamente, en las mal llamadas áreas rurales y zonas montañosas. Ese tránsito migratorio, conceptual, territorial y social aún continúa, y el mejor ejemplo, dentro de tantos, es la población mam de Cajolá, Quetzaltenango. Su historia es la de todas las comunidades indígenas, devastadas por el colonialismo, sumidas en la absoluta pobreza y luchando por sobrevivir fuera de su territorio.
En 1880, Justo Rufino Barrios fue reelegido con el Partido Liberal para seguir gobernando. Obtuvo 6,687 votos (94 % del total). Los indígenas no votaban, y el pueblo de Cajolá tenía 90 caballerías de tierra en propiedad comunal. Ese año fue despojado del 50 % de sus tierras para dárselas al Ejército de ese tiempo (milicianos de pueblos ladinos/mestizos como Palestina, Sibilia y San Carlos Sija). Todo se hizo legalmente, según el Estado.
Dice el diagnóstico realizado por el Instituto para el Desarrollo Económico Social de América Central (Idesac, 1996): «La lucha por la tierra significó una serie de demandas y protestas [por las cuales], al año 1910, el gobierno de turno respondió a la demanda de la comunidad y le dio otras tierras, esta vez las que se localizan en la finca Pampas del Horizonte, localizada en la costa sur». Curiosamente, en 1979, siendo concejal municipal, conocí a un coronel amigo del alcalde de esa época, finqueros ambos, llamado Domingo Arévalo, hermano de Juan José Arévalo, quien se presentaba como dueño de la finca Pampas del Horizonte. Leyendo las noticias actuales me entero de que es la que demandan como propias los pobladores de Cajolá.
Según el Idesac, «la represión de los terratenientes y de las fuerzas de seguridad del Gobierno [dio] lugar a un movimiento organizado con el objetivo común de continuar la lucha por la tierra, que con la llegada al poder del coronel Jacobo Árbenz cobró fuerza y razón de ser […] tras la caída de Árbenz en 1955 se debilitó el movimiento organizado».
El drama de Cajolá se hizo evidente en la plaza central de la capital: pobladores reivindicando sus derechos sobre la tierra y, como siempre, gobernantes indiferentes al pueblo.
En 1974, de nuevo se lucha por la tierra para la sobrevivencia. Igual sucede en 1988 y en 1990, cuando invaden la finca Pampas del Horizonte, en la cual se verifican desalojos violentos y quema de cultivos. Los pobladores acuden al presidente Vinicio Cerezo, que se compromete a resolver las demandas. Esto nunca ocurrió.
En 1991 realizan una marcha a la capital y son reprimidos por el gobierno de Serrano Elías. Al final, en 1992, a 500 años del despojo original, logran una finca de cuatro caballerías para 300 familias. Las diversas luchas y represiones no son de la misma gente. Son diferentes generaciones y distintas épocas, pero el mismo problema: la pobreza y el racismo. Posteriormente, otros núcleos obtuvieron tierra y créditos. En su mayoría, la tierra no es apta para la agricultura y los créditos onerosos porque muchos finqueros vendieron las fincas a precios altísimos y con tasas de interés también onerosas para los campesinos. Para la Nueva Cajolá, en Retalhuléu, «lamentablemente las condiciones de fertilidad de los suelos no son como se esperaba. En su mayoría [los suelos] están deteriorados y requieren de inversiones fuertes y de largo plazo para recuperarlos. Junto con esta realidad, las familias deben cumplir los compromisos económicos respecto a la deuda de capital que prestaron para la compra de la tierra, que corresponde a la cantidad de 31 millones de quetzales» (Idesac).
Recientemente, el drama de Cajolá se hizo evidente en la plaza central de la capital: pobladores reivindicando sus derechos sobre la tierra y, como siempre, gobernantes indiferentes al pueblo. Después de múltiples presiones, el vicepresidente ofreció resolverles el problema. Y no faltaron los políticos que, aprovechando el momento, salieron en las fotos como si el problema ya estuviera resuelto por su intervención. Pero no es así. Según Marielos Monzón, se trata de otro engaño de parte del Gobierno. Con una falsa promesa, «los cajoleños levantaron su protesta pacífica, sin imaginar que los dichos del vicemandatario no eran ciertos».
El tiempo dirá si se actuó de buena fe o bajo la doctrina colonial del despojo.
