Adalid de los corruptos

Mientras hay apuestas por implantar un ambiente de normalidad, las consecuencias de la crisis generada por Jimmy Morales empiezan a perfilarse.

En el entorno internacional, la acción arbitraria y unilateral del mandatario de declarar no grato al titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, provoca vientos de aislamiento. En tanto, en el terreno interno se construye artificialmente un cuadro de polarización.

Artificialmente porque desde el entorno del poder en el Ejecutivo y sus alrededores se promueven acciones para pronunciarse en favor del gobernante y en contra de Velásquez. Es el intento de colocar la situación en un cuadro de batalla con dos contendientes como si se tratara de un conflicto entre dos personas, y no de la acción arbitraria de un hombre con poder, el presidente de la república, quien lo utiliza para su beneficio propio: procurar y procurarse impunidad.

Cuando la información al respecto de las intenciones de Morales se hizo pública, este alegó que eran rumores. Durante casi tres días los medios oficiales y oficiosos, particularmente los del grupo Albavisión, así como cuentas de redes sociales asociadas al oficialismo, insistieron en que la información carecía de base. Sin embargo, los hechos mostraron no solo que los datos filtrados tenían fundamento, sino también que el gobernante iba a insistir en su afán de imponer su voluntad más allá de la ley. Las acciones de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), otorgadas provisionalmente hasta llegar a ordenar el cese definitivo de la acción presidencial contra Iván Velásquez, han detenido, por el momento, el acto arbitrario.

De la noche a la mañana, luego de la acción que concreta la conspiración proimpunidad, Jimmy Morales aparece aupado por diversidad de actores, la mayoría de ellos cuestionados en su integridad y honorabilidad. En asamblea de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), liderada por Edwin Escobar, de la Alcaldía de Villa Nueva, Morales vivió el aplauso de las tablas. Junto con Escobar, el jefe municipal de la capital y expresidente Álvaro Arzú se pavoneó para mostrar también las garras. En los discursos de Morales y Arzú se configuró la visión de ambos políticos a la carrera, quienes señalaron a movimientos y liderazgos locales como encarnación del nuevo enemigo interno. Arzú llegó al extremo de proponer la fuerza al afirmar que había firmado la paz, pero podía hacer la guerra. Los alcaldes anfitriones y un alto porcentaje de los asistentes a la asamblea han sido señalados de acciones de corrupción y de manejo de estructuras de impunidad.

Luego llegó el baño de populismo con las huestes de Joviel Acevedo, cacique del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), quien movilizó, según denuncias bajo amenazas, a algunos miles de sus afiliados para mostrar apoyo al gobernante. Después llegaron los gobernadores departamentales, entre quienes hay varios funcionarios cuestionados, y, por último, una parte de la bancada oficial, la del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), que retomaría el reclamo para que el jefe de la Cicig salga del país. Pero dicho partido se encuentra en la cuerda floja ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), pues la razón para el antejuicio pedido en contra del mandatario es precisamente el financiamiento ilícito de su campaña electoral.

Los liderazgos movilizados en favor de la decisión del Gobierno no brillan por su honradez. Por el contrario, son liderazgos o, mejor dicho, cacicazgos de políticos vinculados a la corrupción en sus diversas expresiones. En tanto, en el entorno de Morales, como bien lo destacó Héctor Rosada Granados, gravitan militares retirados agrupados en la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), fundadores del partido en el Gobierno, comprometidos en violaciones de derechos humanos y vinculados también en acciones de corrupción.

De esa suerte, el muro de impunidad que pretende erigirse para salvaguardar al gobernante está apelmazado con la amalgama de intereses de corrupción que intenta normalizar la arbitrariedad y mantener el estado de cosas. Toca entonces mantener la vigilancia y la movilización sociales para desarrollar una agenda de reforma institucional de corto, mediano y largo plazo a fin de crear las condiciones para un efectivo desarrollo con justicia e inclusión social.

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