El 2021 está por concluir, y en el balance tenemos los efectos de los grandes males que nos atacaron en estos 12 meses.
La pandemia del covid-19 hizo de las suyas y nos impactó con su cauda de muertes, con las secuelas de la enfermedad y con la profundización del colapso sanitario. Cientos de miles de familias fueron afectadas por el impacto de la pandemia en la economía, que a la pérdida de seres queridos sumaron el cierre de espacios laborales y de fuentes de ingresos.
Pero no solo el covid-19 nos atacó. El efecto devastador de este se profundizó porque las instituciones del Estado siguen sin cumplir su función. Pese a que los recursos no le escasearon a la Administración central, esta se aseguró de acrecentar los patrimonios particulares de las cabezas de los poderes del Estado, así como de muchos mandos medios en ellos. De tal suerte, los escándalos develados por investigaciones periodísticas pusieron de relieve presuntas propiedades suntuosas asociadas a funcionarios, las cuales son impagables con los salarios del presidente (pese a ser el mejor pagado de la región), de los ministros, de los congresistas y de los titulares de magistraturas o judicaturas del sistema de justicia. Y lejos de que hubiera, además de la revelación periodística, acciones a cargo del MP, responsable de la persecución penal, los señalados han encontrado un escudo protector en la Fiscalía.
En este 2021 avanzaron hasta consolidarse los procesos de captura del Estado iniciados durante el gobierno de Otto Pérez Molina —en prisión y procesado por actos de corrupción—. Estos avanzaron en el gobierno de Jimmy Morales. Y las negociaciones del gobierno de Pérez Molina, lideradas por su segunda al mando, Roxana Baldetti, consiguieron contar con una Corte Suprema de Justicia (CSJ) mayoritariamente afín al pacto de corruptos.
Con Morales, el nombramiento de Consuelo Porras Argueta al frente del MP fue un paso estratégico. Y este se concretó con la designación de las magistraturas de la Corte de Constitucionalidad (CC) durante 2021. De esa cuenta, la arquitectura del sistema de justicia y los mecanismos de control quedaron en manos de la alianza que había asaltado, mediante el acceso a la Presidencia, el poder ejecutivo y, mediante la permisividad del sistema de elecciones, el Congreso de la República. De esa suerte, el 2021 representó la tapa al pomo del proceso de secuestro del Estado, que logró consolidarse.
Pese a la concentración del poder y al uso del autoritarismo y de la arbitrariedad, son gigantes con pies de barro sobre castillos de arena.
A partir de allí se produce la aprobación de leyes que disfrazan de legalidad —al estilo mafioso— las actuaciones de los poderes del Estado. Llegan también los procesos judiciales discrecionales que por un lado liberan a procesados por corrupción y por otro criminalizan a quienes levantan la voz contra el sistema. La clave de este accionar está no solo en el control absoluto de los poderes, que deberían actuar con independencia, sino también en el apoyo de un actor poderoso, la élite empresarial, que no tiene remilgos en irse a la cama con sus socios criminales.
El año 2021 cierra con la instalación de un Estado mafioso encabezado por Alejandro Giammattei en la Presidencia, Allan Rodríguez y Shirley Joanna Rivera Zaldaña en el Legislativo y Silvia Patricia Valdez en el Judicial, junto con Consuelo Porras en el MP y Roberto Molina Barreto en la CC. La colusión de estas personas, que utilizan el poder que ostentan para proteger el crimen y reprimir la disidencia, ha hecho retroceder al país a condiciones similares a las de los años 80 del siglo pasado.
Sin embargo, pese a la concentración del poder y al uso del autoritarismo y de la arbitrariedad, son gigantes con pies de barro sobre castillos de arena. Si bien la pandemia y la represión han jugado un rol en mantener un relativo silencio en la sociedad, la dignidad sostenida por el momento en pocas voces que no cesan de convocarnos a la resistencia dará sus frutos. Más temprano que tarde, el gigante dormido de la voluntad popular por construir un futuro con dignidad se levantará y con la energía acumulada podrá derribar de una vez por todas este sistema corrupto. Podrá sentar las bases para pensar un sistema que nos reúna a todas y todos, un sistema plurinacional que incluya a todos los pueblos y culturas y garantice condiciones dignas de supervivencia. El pueblo hondureño ha dado una muestra de lo posible. Toca a los pueblos de Guatemala avanzar en las alianzas necesarias para alcanzar la fuerza necesaria que permita derribar el muro de la corrupción, la impunidad y el crimen en el poder.