Reformitas para no transformar

Estos metieron todo en su licuadora y, quedándose con aquellas que consideraron pertinentes y adecuadas para sus intereses y los de la sociedad (en ese orden), elaboraron e hicieron llegar su propuesta al Congreso.

El proceso y la propuesta misma tienen mucho de importante y valioso, pero también denotan la tibieza y el temor de actores importantes. Entre lo primero debe destacarse que el solo hecho de que una centena de agrupaciones y personas hayan hecho llegar sus propuestas y sugerencias es ya un enorme avance en participación ciudadana. El que todas esas propuestas se hayan canalizado a través del TSE le da a este una enorme legitimidad y lo hace responsable de lo que se presenta y de cómo esa propuesta debe ser negociada. Los proponentes tenían, como era de esperar, distintas perspectivas y distintas agendas, unas más democratizadoras que otras, unas más ciudadanas que otras, pero todas válidas e importantes si las consideramos desde la óptica de la participación ciudadana.

Pero tanto en los procesos de discusión de los distintos grupos como en el sintetizador del TSE privó más el inmediatismo que la visión de largo plazo. La imposibilidad de hacer un debate más a fondo, documentado histórica y teóricamente, condujo a que la propuesta fuera, lamentablemente, una reformita más, aunque viniera envuelta en papel anticorrupción y con sellos de urgente. Porque la propuesta presentada no modifica en el fondo las relaciones de poder, aunque se diga que se está contra la reelección de diputados.

Y allí comienza a aparecer la tibieza del TSE y de los que, como la USAC, tienen derecho a proponer iniciativas de ley. No la presentaron conjuntamente, como tampoco profundizaron en las dificultades prácticas que tienen algunas propuestas, mucho menos en el sentido efectivamente democratizador que cuestiones como el voto de los residentes en el exterior pueden tener.

Del empuje transformador de sus inicios se terminó, de nuevo, en una propuesta que en el fondo es más superficial que sustantiva y que deja todo en manos del Congreso, pero sin llegar a negociar con este para hacer un solo proceso serio y profundo de construcción de una propuesta efectivamente transformadora.

La inmensa mayoría de las sugerencias enviadas al TSE se centran en simplemente ampliar la gestión del Estado a otras élites, pero no se acercan al ciudadano común y corriente las decisiones que directamente lo afectan.

Porque ¿qué se gana con que los diputados no se puedan cambiar de partidos si estos siguen siendo franquicias electorales, producto del predominio del financiamiento privado, de propuestas ideológicas fútiles y de palabrería barata? Más aún si, como se propone, los comités cívicos pueden proponer candidatos a diputados. Imaginemos por un instante a las familias Coro, Quej o Rivera creando sus comités para elegir a uno de sus miembros como diputado. Evidentemente, les será mucho más barato y fácil, pues no necesitarán vivir todo el proceso de la negociación política dentro de un partido, mucho menos comprometerse con un discurso ideológico, que tendría que ser sólido, para ser candidatos y ganar una curul. De la noche a la mañana estaremos llenos de micropartidos, evidentes micronegocios, y lanzaremos por los aires las escuálidas estructuras partidarias existentes sin que por ello hayamos mejorado un ápice las instituciones políticas ni hayamos fundamentado la democracia.

Resulta que, como no se pensó en transformar, sino simplemente en reformar a lo chiquito, no se cuestiona en nada, por ejemplo, la existencia de la lista nacional. De ese modo, en la hipótesis de que la propuesta sea aprobada, tendremos a las franquicias partidarias disputando la lista nacional y a los negocios familiares disputando los distritos sin más limitación que las capacidades clientelares de los caciques.

¿Que ahora un diputado no se podrá reelegir más de una vez? Pues ya tendremos a hermanos, hermanas, primos y tíos creando comités pseudocívicos para quedarse con los negocios que desde el Congreso puedan realizar. Todo muy legal, además de bendecido por las nuevas reglas de participación.

Ninguna de las propuestas de reforma apunta efectivamente a cohibir la corrupción, pues no se profundiza en la exigencia de que los candidatos declaren de manera pública sus bienes muebles e inmuebles, así como su participación en sociedades anónimas y los beneficios efectivos que esas participaciones les generen. El caso Muadi nos demuestra que no es necesario ser veterano en el Congreso para hacer negocios de lo más heterodoxos.

Para algunos, el gran error del TSE es no haber pospuesto las elecciones hasta cuando estas reformas hubiesen sido aprobadas y de aplicación inmediata. ¿Aprobaría el Congreso actual anular la reelección o abrir el espacio a la competencia de los comités familiares (ahora llamados cívicos)? Todo hace suponer que no. El Congreso también está construyendo su nueva propuesta, que deja de lado la 4783, que tan ampliamente se había discutido. De esa manera, si se quería realmente aprobar las propuestas de reformas, era necesario el diálogo abierto, y hasta tenso tal vez, con el Congreso, de manera que pudiera ser llevada al pleno una sola propuesta apoyada por muchos, y no lo que ahora tenemos.

El TSE, la USAC y los demás actores ciertamente han de tener claro que, si lo que se quiere hacer son reformitas, el diálogo y la negociación son el único camino. Ahora, si se esperan transformaciones, el apoyo social amplio y decidido es indispensable.

Queda para otra ocasión reflexionar sobre las falacias de la validación del voto nulo.

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