Un ejército guatemalteco que, con manos criminalmente manchadas de sangre en el pasado, vuelve a matar. Como esos asesinos de serie televisiva, o de mucha realidad, que no sabe hacer otra cosa que no sea halar el gatillo. Un ejército que pese a numerosos y diversos intentos por renovarse democrático y proclive a la paz, al parecer, al final, le es imposible deshacerse de su naturaleza asesina y cobarde.
La posición de las más altas autoridades del Ejecutivo insulta la inteligencia de cualquiera. Primero, el ministro de Gobernación asegurando que los elementos de las fuerzas combinadas no portaban armas de fuego. Poco después, las mentiras e irresponsabilidad del Ministro quedaban expuestas y demostradas, con fotografías de soldados y policías apuntando sus fusiles hacia los manifestantes, no al aire. Y los muertos demuestran que no solo apuntaron, sino además sí dispararon.
Pero la realidad de un ejército asesino se torna aun más pastosa y pestilente al escuchar al Presidente, la Vicepresidenta y los ministros de la Defensa y Gobernación durante su conferencia de prensa. No solo hicieron el bochornoso ridículo de pretender defender y justificar al contingente militar y policial asesino, sino además mostraron a los efectivos golpeados, en silla de ruedas, en patética apelación a la misericordia. Unos sentados en silla de ruedas, y los otros aun enfriándose en sus sepulturas.
Una torpeza descomunal que desnuda una vez más la vergonzosa incapacidad para mantener el diálogo, como mecanismo único para resolver conflictos, antes que ocurran tragedias. Los medios locales se han concentrado en los hechos del jueves pasado, sin hacer ver que estos fueron el epílogo trágico de una historia de abuso, engaño y humillación.
Los líderes de los 48 cantones de Totonicapán iniciaron apelando al diálogo, buscando los espacios adecuados para plantear sus demandas, de manera pacífica y sin violencia. Como respuesta, durante meses, recibieron engaños y evasivas.
Pero además, el desatino de enviar soldados armados a semejante polvorín de ciudadanos cansados y muy enojados por la ineptitud de los responsables del diálogo y la falta de voluntad dentro del Ejecutivo, va más allá de la tragedia. Ha revivido ya el agudo conflicto ideológico entre radicales, herederos directos de las posiciones que se enfrentaron durante la guerra, a la que por lo menos intentamos ponerle fin con los Acuerdos de Paz de 1996. Hoy, basta leer las opiniones de los lectores en los principales medios de prensa, entre los que se inclinan ya por la resistencia armada y violenta ante la represión igualmente violenta y armada del Gobierno, y los que aplauden al presidente militar imponiendo “orden” a los indios y la gente de tercera clase, que les viola su derecho a la libre locomoción por carreteras rodeadas de pobreza. El conflicto entre el derecho a la vida digna y el derecho a pasar en automóvil por una carretera.
La torpeza del Gobierno ha encendido un peligrosísimo polvorín, que exige con urgencia madurez en todas las partes. Pero, sin justicia para los muertos, los liderazgos del empresariado organizado y del movimiento social no podrán contener las innegables posiciones radicales en cada lado. Sin justicia, estamos en picada hacia el retorno a la barbarie de la brutalidad militar.
Debemos exigir y promover la justicia como premisa ineludible para evitar la propagación del conflicto. Para empezar, el Gobierno debe dejar la estupidez de pretender defender a los soldados asesinos, y colaborar con las entidades responsables de la investigación y juicio conforme a la ley. Solo así Guatemala podrá empezar a sanar esta nueva herida, abierta, dolorosa y sangrante.