Desde que Juan Manuel Santos anunció que buscaría revelar documentos de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores sobre el diferendo con Nicaragua para dejar callado al expresidente Uribe, se ha armado un gran debate sobre las graves implicaciones de esa decisión. Pero lo más probable es que lo que se pueda revelar en la práctica sea inocuo.
Por: Juan Esteban Lewin
“Los colombianos deben conocer quiénes fueron los responsables, por eso pediré que se levante la reserva”, dijo Santos en Hora 20 anoche y afirmó que su gobierno no es responsable por el fallo.
Después de esas declaraciones, medios y expertos dijeron que esa revelación podría afectar la estrategia jurídica de Colombia en el proceso de aclaración del fallo y en la negociación de un futuro tratado con Nicaragua y con otros países en el Caribe. Y que también pondría en riesgo el futuro de la Comisión Asesora, en donde están sentados todos los expresidentes, 12 congresistas y dos delegados del Presidente.
Sin embargo, según la ley que regula la Comisión , la reserva solo la puede levantar la Comisión, «de acuerdo con el Presidente de la República”. Es decir, que Santos no puede definir autónomamente qué se revela, sino que tiene que contar con el visto bueno de la Comisión.
La Comisión puede decidir, por ejemplo, solo hacer públicas las actas que contienen las recomendaciones finales y mantener la reserva sobre las discusiones previas a la elaboración de los conceptos. También podría decir que hubo opiniones discordantes y tachar los nombres de los expresidentes que las formularon. En fin, puede hacer la revelación tan diplomática como quiera. En ese sentido, los que esperan un ‘wikileaks’ de la diplomacia colombiana quedarán desilusionados.
Las dudas están sobre cómo la Comisión da su visto bueno: si basta con una mayoría o si se necesita que ésta acepte levantar la reserva unánimemente o si hay otros requisitos. Sobre eso la ley no dice nada. Precisamente por eso, según un asesor jurídico de Santos, es que el Gobierno le pidió al Consejo de Estado un concepto.
En términos estrictos, Santos no se está inventando nada que no esté ya contemplado en la ley. La discusión realmente es política.
¿Conocer las actas?
Si finalmente Santos logra levantar la reserva, esa decisión puede tener efectos positivos y negativos en el país.
Por el lado positivo, si Santos logra que se levante la reserva sobre las actas, incluso si la Comisión solo permite ver los conceptos finales, se podría tener una visión de conjunto de cómo actuó el Estado. Por lo menos se sabría si las recomendaciones de la Comisión fueron acatadas por el Presidente de turno y también, si las hizo a tiempo.
Dado que se tiene que contar con el visto bueno de la Comisión, otros temas que serían más interesantes en la pelea Santos-Uribe, como saber quiénes estaban de acuerdo con la fallida estrategia de defensa y quiénes se opusieron, seguramente seguirán siendo una incógnita.
Además, los conceptos no mostrarían grandes discusiones. “Se verá que siempre, exceptuando una o dos opiniones en contra, prevaleció el consenso» dijo a La Silla el ex canciller de Uribe, Jaime Bermúdez.
También está un dato del que no se ha hablado: desde el año pasado, la Procuraduría decidió meterse en este tema y pidió a la Cancillería las actas como parte de su indagación sobre la actuación del Estado colombiano en el proceso de La Haya.
La Procuraduría tiene funciones de policía judicial y por lo tanto puede pedir documentos reservados para avanzar en un proceso. Su decisión final será pública y entonces –levántese la reserva o no- el público terminará conociendo parte de lo que sucedió en esa Comisión. Si la Comisión acepta la solicitud de Santos el país no tendrá que pasar por el filtro de Alejandro Ordóñez ni esperar a que éste tome una decisión. Es más, tendrá los insumos para evaluar la decisión que tome.
Por último, como en el caso de wikileaks, como dijo el internacionalista César Torres, profesor de la Universidad Nacional, tener acceso a esa información podría servir para hacer más democrática la discusión sobre la política exterior, que suele hacerse a puerta cerrada.
Sin embargo, levantar la reserva sí puede crear un riesgo al funcionamiento de la Comisión. Ésta sirve para que la política exterior se parezca un poco más a una política de Estado, porque es un espacio para que diferentes tendencias políticas estén informadas y den su opinión.
Sus discusiones son reservadas porque si la política exterior se hace a la vista de otros países, podrían aprovecharse de conocer previamente las estrategias del país. Si existe la posibilidad de que en un futuro –con un equilibrio de poder diferente en la Comisión- se levante la reserva, las discusiones podrían perder su franqueza y la Comisión Asesora dejaría de servir para que la política se convirtiera en una política de Estado.
“Curiosamente el gobierno de la Unidad Nacional va a destruir la institución que permite que haya una política de unidad nacional,” dice la internacionalista Laura Gil.
De hecho, el ex presidente Andrés Pastrana ya le había dicho a María Isabel Rueda que si alguien pide las actas de la Comisión, nadie volvería, e incluso señaló que sería ilegal. Claramente no es ilegal pero el dramatismo de su respuesta da una idea de la molestia que ese levantamiento produce en algunos miembros de la Comisión, incluso en expresidentes con el que Santos tiene una buena relación como Pastrana.
En todo caso, a cada uno de los expresidentes les quedará difícil votar en contra de levantar la reserva pues eso podría ser leído como que tienen rabo de paja.
El frente interno
Así lo que se pueda revelar sea inocuo, la jugada le sirve a Santos.
El fallo de La Haya, como contó La Silla, se convirtió en un motivo de pesimismo en el país, e hizo que la favorabilidad de Santos cayera de 60 a 45 por ciento, un nivel como el de antes de su anuncio del proceso de negociación con las Farc. Y, según Ipsos/Napoleón Franco, el 25 por ciento de los colombianos creen que él es el responsable de esa derrota jurídica.
Además, desde cuando se conoció el fallo, el ex presidente Álvaro Uribe ha dicho que Santos sí tuvo incidencia en el fallo de La Haya y que Colombia debería desconocer la decisión, una alternativa que según Ipsos/Napoleón Franco es la que preferiría el 83 por ciento de los colombianos, y ha criticado a Santos por no tomar ese camino.
Esa convergencia entre Uribe (que hoy propició un exitoso hashtag en twitter, #SantosCanalla alrededor de este punto) y la opinión pública no le conviene a Santos, especialmente en el inicio del año en que tiene que definir si va por la reelección. En esa medida, levantar la reserva le sirve a Santos para que los reflectores se muevan hacia el pasado.
*El anterior es reproducido con la autorización de La Silla Vacía.
