En el cuarto Twitter Spaces sobre la cobertura Radar Electoral de Plaza Pública, el 23 de febrero, hablamos sobre la postulación de Marlon Alfredo Puente Rímola, alias «Pirulo», un comentarista deportivo y seguidor del club de futbol Municipal, quien fue proclamado como candidato a alcalde de la ciudad de Guatemala por el partido Cambio, creado por la familia Baldizón, cuyo máximo dirigente, Manuel Baldizón, fue condenado en Estados Unidos por lavar dinero del narcotráfico.
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Esta vez, el invitado al Space fue Edie Cux, director de la organización de Acción Ciudadana (AC), para hablar sobre la postulación de «Pirulo», también sobre la idoneidad, capacidad y honradez que, según la Constitución Política de la República, deben tener quienes aspiran a cargos públicos.
También hablamos sobre la crónica escrita, en 2014, por Francisco Rodríguez, para el diario elPeriódico, en la que relata el día cuando Kevin Díaz, un aficionado del club Comunicaciones, rival del Municipal, murió a causa de las heridas que le provocaron personas alentadas por Marlon Puente, previo a un clásico entre ambos equipos, según lo determinó un tribunal.
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La condena de Pirulo y los criterios del TSE
En septiembre de 2014, hace casi nueve años, Marlon Puente fue condenado a tres años de prisión conmutables por el delito de instigación a delinquir. Primero había sido procesado por homicidio, pero le cambiaron el delito. El caso de «Pirulo» fue porque se demostró su implicación en el caso del asesinato de Díaz. Tras la condena, «Pirulo» pagó una multa de 200,000 quetzales para quedar en libertad.
También se habló sobre el análisis que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe hacer sobre la candidatura de «Pirulo», así como la de Manuel Baldizón, quien busca ser diputado por Lista Nacional, las cuales deberían revisadas por el TSE para establecer si estas cumplen con los méritos de capacidad, idoneidad y honradez que establece la Constitución de Guatemala.
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La presidenta del TSE, Elizabeth Palencia, declaró a Plaza Pública que las personas que han sido condenadas por cualquier delito y cuya inhabilitación para ejercer cargos públicos ya no está vigente, podrán participar este año como candidatos a cualquier cargo de elección. Lo anterior, no deja claro si el tribunal electoral dejará pasar cualquier candidatura, o si revisará la «idoneidad y honradez» de cada aspirante.
Escucha aquí el debate completo: